Dulce Archila de 19 años es criminalizada por alzar la voz.
Por: Héctor Archila / Fotografías: Festivales Solidarios
Manifestarte, organizarte, tener conciencia social o fiscalizar las decisiones corruptas de un gobierno represivo en pleno siglo XXI parecen ser ya considerados un delito y esto sucede con fuerza a raíz de la imperante corrupción e impunidad en Guatemala.
Cuando el Gobierno de Alejandro Giammattei en contubernio con el Congreso de la Republica en el 2020 no atendieron la emergencia sanitaria por el COVID 19, se aprobó un presupuesto Q99,700 millones que únicamente se utilizó para continuar con la corrupción y favorecer al sector empresarial, mientras la población guatemalteca moría a causas de la pobreza y por el COVID 19. Esto provoca la indignación social y se organizaron jornadas de manifestaciones en noviembre de ese mismo.
Las jornadas de manifestación generaron fuerte represión por parte de la policía y antimotines, que atacaron, violentaron y anularon completamente la libertad de expresión hacia las personas manifestantes que se ubicaron en varias calles de la zona uno. Entre los manifestantes que fueron atacados por orden de Gendri Reyes Mazariegos, quien en ese entonces era el ministro de gobernación, se encuentran estudiantes universitarios, periodistas, activistas y familias que manifestaban con dignidad. En esta larga lista de personas que ahora están siendo criminalizadas y perseguidas por un gobierno que les ha declarado la guerra a los derechos humanos, se tienen ejemplos claros de la situación social que se vive en el país y que esta siendo afectada la población con conciencia social.
Este es el caso de la estudiante universitaria, Dulce Archila, de 19 años de edad, quien es ligada a proceso penal señalada de depredación de bienes culturales por decisión de la jueza Duodécimo Penal, Lluvia Velásquez Soto.
Archila es sindicada de haber realizado “pintas” en ambientes internos del edificio del Congreso de la República en las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020 por la aprobación del presupuesto 2021. En la audiencia de primera declaración, del 29 de noviembre del 2021, el Ministerio Público (MP) presentó imágenes que dan la percepción que la joven es quien supuestamente aparece realizando pintas.
Dulce es la tercera persona involucrada en la investigación de la Fiscalía. Pero a diferencia de las primeras dos, que fueron capturadas el miércoles 24 de noviembre, no fue hallada en su domicilio. Supuestamente fue porque la Policía Nacional Civil la buscó en una dirección equivocada, indicó su abogado defensor. Las dos personas involucradas inicialmente por el MP son la activista Nanci Chiriz Sinto y Juan Francisco Monroy Gómez, quienes al igual que Dulce Archila, fueron identificadas mediante el análisis de fotografías y videos tomados por periodistas durante la protesta del 21 de noviembre de 2020.
La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas persigue a los tres por el delito de “depredación de bienes culturales” tipificado en la Ley para la Protección Cultural de la Nación. Según la fiscalía los tres manifestantes realizaron pintas en la fachada del Congreso de la República durante esa manifestación. El fiscal del MP, Jorge de León, argumentó que el delito de patrimonio cultural contra un edificio como el Congreso es algo que “atenta contra la integridad de los guatemaltecos”. Sin embargo, no tiene pruebas que validen cuáles son exactamente los daños causados. Con lo único que cuenta es con el peritaje que el arquitecto Luis Fernando Rejopachí hizo al edificio, en donde explica los daños que tuvo y la posibilidad de remover algunas de las pintas y manchas en la fachada, con agua a presión. Este peritaje, sin embargo, viola el debido proceso, pues lo correspondiente es que al perito lo nombre un juez y sea avalado por la defensa de los acusados.
En el caso de Dulce Archila criminalizada por las jornadas de manifestación del #21N y que se encuentra en proceso penal, por el supuesto daño al Congreso. Su defensa solicito una audiencia de reforma del auto de procesamiento el 27 de mayo del 2022. Esta audiencia busco solicitar a la jueza que el proceso se lleve a cabo por una falta y no por un delito.
En la audiencia se aprobó al experto para el peritaje, sobre libertad de expresión bajo los derechos humanos y no aceptaron que se presente el cargo como falta.
El planteamiento que da la defensa es que la evidencia que el MP presento no son constituidos de delito y también plantearon las debilidades que existen en los peritajes especializados sobre los bienes inmuebles registrados como Patrimonio Cultural de la Nación que tiene el MP en su investigación.
El abogado defensor Edgar Pérez, menciona: “En Guatemala se está aplicando el derecho penal del enemigo y se privilegia a la defensa de bienes sobre el derecho penal del ciudadano. Aquí se impone la preservación de un edificio público, sobre la libertad de derecho a manifestarse, disentir y a protestar sobre las políticas públicas”.
Mientras sigue el proceso, el gobierno de Alejandro Giammattei, sigue frenando a la libertad de expresión, la lucha contra la corrupción es una batalla declarada y nos mantiene organizados a pesar de la violencia hacia los derechos humanos. La búsqueda es por la vida digna y la libertad para todas y todos.
Dulce Archila mencionó luego de la audiencia: “Siempre he pensado que estos recursos y tiempos utilizados podrían servir para cosas que si valen la pena y para personas que sí están cometiendo delitos. No hay que olvidar a las compañeras y compañeros que están procesados, libertad para las presas y presos políticos.
Entevista a Dulce Archila afuera de tribunales de justicia:
