A pesar de todo, seguimos aquí.
Por: Héctor Archila
Han pasado ya dos años, la criminalización en familia por el caso de mi hermana; Dulce Archila, paso de ser temor, incertidumbre y miedo, a ser ahora un campo de batalla cotidiano, un lugar donde ahora buscamos tener templanza para tener siempre la mejor forma para enfrentar al sistema cooptado, quienes bien conocemos como el “Pacto de Corruptos” quienes han logrado en menos chasquido arrastrarnos a todo un país a los años vivos de la dictadura, violencia a los derechos humanos y la persecución política a nosotras y nosotros los universitarios, a las activistas y activistas de los derechos humanos, a los jueces justos que quedaban en este pedazo de tierra. Sabemos que la lista puede continuar, lo hace y para el colmo de la preocupación, es larga.
Sabemos que las acciones de represión y la criminalización de la protesta social, violan los derechos a la libertad de expresión, de reunión y manifestación. La tendencia a criminalizar las manifestaciones pacíficas o protestas sociales, ocurre cuando el gobierno de turno persigue fines de represión en lo político. La criminalización enmascara el miedo de regímenes de gobierno a perder el control del poder. Esto causa lo contrario a los fines perseguidos en una sociedad democrática y constituye una forma.
El fenómeno de la criminalización es generalizado y toma diferentes formas en todo el mundo. En estados policiales y dictatoriales, cualquier señal de protesta es aplastada
y los medios de comunicación actúan como un brazo del Estado. En esos contextos es casi imposible ser una persona defensora del medio ambiente y de la tierra. Mientras tanto, en los países aparentemente más liberales, los procesos judiciales se utilizan para criminalizar a quienes se manifiestan contra la corrupción y la codicia corporativa.
Está claro que quienes defienden los derechos humanos y las libertades cívicas en general, están siendo cada vez más amenazados por las autoridades y tienen menos posibilidades de ejercer su derecho a la manifestación. En última instancia, la criminalización es otra forma en que las personas defensoras y sus familias son maltratadas e intimidadas por las personas e instituciones que están destinadas a protegerlas.
Pensar que tenemos una lista larga de nombres y apellidos, de amigos, conocidos y familiares que están siendo criminalizados en pleno siglo ventiuno, es doloroso, que esto no es solo uno de los tantos ataques que vivimos ahora descaradamente y plena luz del día. Razones suficientes tenemos como para no querer lidiar en su momento, aún teniendo la intención de accionar para el cambio, pero luego igual encontrarnos agotados emocionalmente y física ante la constante adversidad a nuestros derechos humanos.
Allí a pesar de todo esto que vivimos, vemos a tantas mujeres luchando contra el sistema político y judicial; Virginia La Parra, Las mamás de las 56 niñas del Hogar Seguro,las estudiantes Naomi Valdez Fuentes y Dulce Archila, la candidata a la presidencia 2023 Telma Cabrera, las activistas Ixchiu en el exilio, entre otras mujeres perseguidas por buscar la libertad de la justicia y protección de la vida digna que nos merecemos.
El dolor es grande, el miedo es visitante, pero aún en esta incertidumbre la unidad y el respaldo ha dejado en claro que no importa cuanto más se tenga que seguir luchando por recuperar este país, tendremos siempre la lección de todas aquellas mujeres, que han puesto la frente en alto en contra de este sistema de corrupto y anti-democrático.
A pesar de todo, ellas siguen aquí.
